Murcia, 20 de julio de 2023.- El pasado 17 de abril de 2023 se convocó en España una huelga por cinco sindicatos; CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG respaldando a los funcionarios de la Administración de Justicia (jueces y fiscales en su mayoría) a exigir una subida salarial.
Esta protesta se unió a la —en ese momento ya finalizada—, huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que comenzaba a principios de año y acabó desconvocándose en marzo, tras 2 meses de reivindicación y múltiples negociaciones con el Ministerio de justicia, logrando la consecución de un acuerdo de mejora salarial.
Por el contrario, tras 78 días de paros, el 4 de julio se anuncia el parón de esta segunda huelga sin llegar a un acuerdo, dejando graves consecuencias que alteran el ideal de justicia y se incorporan a las secuelas todavía pendientes de la reivindicación de los Letrados.
El total nacional ascendía hasta las 400.000 vistas suspensas y una media de 450.000 demandas pendientes de tramitar a consecuencia de la huelga iniciada a principios de año (LAJ).
Cifras de la Región de Murcia
En la Región de Murcia, esta última huelga deja una cifra de más de 3.000 mil actuaciones afectadas debido a la suspensión de sus expedientes una cifra que se suma a las más de 13.000 que quedaron en suspenso por la huelga de los LAJ, según los indican los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.
Además de afectar a los ciudadanos, que ven retrasar sus trámites judiciales y el reconocimiento de sus derechos, los bufetes de abogados y despachos de procuradores en Murcia, que dependen de la celebración de juicios y vistas, han visto reducida su actividad laboral considerablemente.
Aprovechando estos parones, los despachos más proactivos, como es el caso del Bufete de abogados RMartinez Abogados y el despacho de Procuradores Antonia Moñino Procuradores en Murcia, aprovechan esta situación para digitalizar sus procesos de negocio y ser más competitivos una vez reestablecida la actividad judicial.
Tal y como apunta la procuradora Antonia Moñino Moral; "a día de la fecha seguimos padeciendo esta paralización, sin que se hayan vuelto a señalar la mayoría de las vistas suspendidas, lo que supone un atasco monumental con graves consecuencias, ya que de por sí, al menos en los partidos judiciales en los que yo desarrollo mi actividad desde hace 30 años, el retraso habitual era de más de un año para resolver un asunto en primera instancia, es decir que aquellas demandas que se iniciaron en 2023, probablemente no vean una sentencia hasta finales de 2024 o 2025".
Al no celebrarse la totalidad del juicio, tanto abogados como procuradores no han conseguido completar muchos de los procedimientos judiciales abiertos con anterioridad y sin terminar esos procesos, los bufetes y despachos no llegan a cobrar sus honorarios. Sin embargo, pese a no tener los mismos ingresos, continúan sufragando mensualmente los costes de su ocupación; cuotas de autónomos, nóminas, alquileres, hipotecas, proveedores y demás cargos recurrentes, unos pagos que pueden suponer hasta el 65% de los gastos mensuales. Sin contar, por supuesto con los gastos morales que ello supone.
Moñino Moral lamenta "esta situación en un país democrático, ya que los llamados “servicios mínimos”, ni tan siquiera están regulados, por lo que salvo, las causas con preso y los temas de violencia de género o de menores, el resto de los procesos judiciales en España están paralizados, lo que supone un daño impresionante a los ciudadanos, que ven cercenada la opción de obtener justicia, y con las consecuencias económicas que supone para procuradores, ante todo, ya el desarrollo de nuestra actividad es exclusivamente judicial, afectando menos a letrados que desarrollan su actividad, además, extrajudicialmente", y añade; "dicen que, sin justicia, no hay democracia".
La Región de Murcia es la comunidad más afectada por estos parones, llegando a sufrir un descenso de sus actuaciones judiciales de hasta un 69%.
Al no contar con la totalidad de recursos, muchos casos pendientes de resolución se paralizan y los nuevos se acumulan, dando lugar al desbordamiento del sistema.
Según recogen las cifras del Consejo del Poder Judicial de España, en Murcia se suspendieron un total de 13.904 actuaciones judiciales durante la huelga de los LAJ, referidas a juicios: 1.479 juicios civiles y mercantiles, 1.477 juicios penales, 857 juicios sociales y 701 juicios contencioso-administrativos. Además, 1.386 trámites dejaron de ser practicados en los registros civiles regionales.
La Región es, junto con La Rioja, las comunidades donde el impacto de la suspensión o aplazamiento de juicios es más evidente. Cuando el porcentaje de la media nacional es del 23%, en Murcia y La Rioja supera el 40%.
Suspensión temporal de la huelga
La huelga más reciente, puesta en marcha en abril confirma, según datos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, que el 20% de las vistas no llegaron a producirse, o lo que es lo mismo, 5.217 juicios fueron suspendidos.
Pese a que las exigencias de los funcionarios de la administración de justicia no han sido aún satisfechas, los convocantes han decidido posponer la huelga hasta la formación del próximo gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio.
Se estima que la administración de justicia tardará entre 3 y 5 años en reestablecer una relativa normalidad. Si bien, hoy por hoy, deja plausibles consecuencias directas: el grave retraso de los trámites burocráticos y las actuaciones judiciales que, al suspenderse juicios y vistas, afectan al correcto funcionamiento del sistema legal, a los profesionales que necesitan asistir a los juicios y a la ciudadanía, que ve mermado el acceso a sus derechos.
