Hace 6 años, en 2015, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) denunciaba a más de 20 fabricantes automovilísticos de haber comercializado con información confidencial, tratando así de controlar el mercado de distribución y posventa. El cártel de coches se posicionó en un lugar estratégico para jugar con la fijación de precios, creando desequilibrio de mercado y encareciendo los productos y servicios. Ahora, ha salido la sentencia del “caso del cártel de concesionarios” y los afectados pueden recibir una indemnización de entre 2.000 y 9.000 euros.
Según se ha podido conocer con las investigaciones realizadas por la CNMC, se determinan consecuencias importantes de la agrupación de la cuota de mercado en un sistema cerrado de empresas. El hecho de que los componentes del cártel de coches clasifiquen los planes estratégicos y las ganancias comerciales de sus competidores ha invertido el poder de negociación del mercado. Debido a la falta de precios y cotizaciones competitivas, el mercado se encontraba desequilibrado, por lo que ya no depende de los clientes decidir a quién acudir en busca de ayuda. Asimismo, la realización de esta ilegalidad por parte de una congregación del 91% de las marcas que se venden actualmente en España, deja al 9% restante en una situación inepta para luchar en unas condiciones justas por subsistir en el sector de la automoción.
El cártel de coches estuvo activo desde principios de 2006 hasta mediados de 2013. Durante los años de intercambio de información y reuniones, los componentes del cartel no se han fijado. La sentencia de la CNMC identificó más de 20 marcas de fabricantes de automóviles, independientemente del tiempo que participaron en las actividades del cartel, todas pueden ser reclamadas.
El cartel afecta a 147 concesionarios españoles que operan con las siguientes marcas automovilísticas: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo.
La Audiencia Nacional desestimo todos los recursos presentados por 15 fabricantes de automóviles y las dos consultoras implicadas y admitiendo solo el de la marca Mazda, que también fue investigada, pero finalmente, ha quedado absuelta, librándose de una multa de 650.000 euros por su nula participación en el pacto.
El Grupo Volkswagen también se ha librado del pago de cerca de 39 millones de euros por facilitar información a la CNMC. Las multas que tendrán que afrontar finalmente las marcas condenadas sumarán en torno a 130 millones de euros.
Tras la confirmación por el Supremo de los fallos de la Audiencia y sin posibilidad de nuevos recursos por parte de los fabricantes, se abre una nueva vía judicial, en este caso para más de diez millones de clientes que compraron vehículos nuevos y usados desde febrero de 2006 hasta julio de 2013. Cualquier persona física o jurídica puede reclamar, aportando la máxima documentación posible junto con la factura de compra. Existen varias plataformas que se han puesto en marcha para emprender demandas en grupo con el objetivo de que salga menos costoso el procedimiento. Las posibilidades de obtener una indemnización son muchas y ya hay sentencias que han dado la razón a los consumidores, que han recibido compensaciones de en torno al 10% del precio de compra. La cantidad de las indemnizaciones dependerá el precio del vehículo; se estipula que un comprador puede obtener entre 2.000 y 9.000 euros, cantidad que se estima que subieron los precios de ventas por la práctica de la ilegalidad. Por ejemplo, un coche de un coste de 15.000 euros podría dar lugar a una indemnización de entre 1.500 y 2.250 euros, a los que habría que sumar los gastos legales.
El cartel de concesionarios ha afectado a diferentes perfiles. Existe el consumidor puntual, que compró un coche durante este periodo y de modo casual se ha visto implicado. A este, probablemente el tema judicial le asuste, pero para ello, han creado asociaciones, para que los clientes no tengan que preocuparse por los procedimientos. Por otro lado, el cartel se ha beneficiado de los consumidores habituales, que posiblemente haya estado haciendo frente a los sobrecostes impuestos por los cárteles durante años. Estos pueden ser las grandes empresas de transportes, que renuevan sus flotas a través de algunos de estos distribuidores comerciales.
Aunque puede variar según el caso, el margen establecido para presentar estas devoluciones es de poco más de un año a partir de ahora. Del mismo modo que las cuantías de indemnizaciones no suponen un importe fijo porque se debe basar en la cuantificación del daño particular, los plazos dependen de muchos factores. El objetivo más importante a la hora de interponer una demanda es la obtención de una indemnización económica acorde al daño y perjuicio percibido en virtud de lo establecido en el derecho de reparación. Los intercambios de información comercial y estratégica sensible entre los fabricantes de automóviles crearon una situación de competencia desleal que acabó encareciendo el mercado del sector automovilístico.
